El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), bajo la dirección temporal de Elon Musk, ha obtenido permiso para explorar un sistema judicial que guarda datos delicados sobre inmigrantes. Este acceso permite a un equipo especializado examinar el Sistema de Tribunales y Apelaciones de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (ECAS). Los detalles incluyen registros personales e interacciones con autoridades policiales. Aunque no se ha especificado qué información buscan ni su propósito, esta acción refuerza una tendencia preocupante hacia la recolección de datos sensibles.

Además, el DOGE ha solicitado previamente bases de datos relacionadas con salud pública y tributarias. Estas solicitudes han llevado a medidas extremas como marcar falsamente a miles de inmigrantes vivos como fallecidos en registros oficiales, forzándolos a abandonar el país. También se están evaluando maneras de identificar y desalojar hogares mixtos donde conviven ciudadanos y personas indocumentadas.

Un Acceso Sospechoso al Sistema Judicial

El DOGE ha logrado ingresar al ECAS, un repositorio administrado por el Departamento de Justicia de EE.UU., lo que le otorga acceso a información crucial sobre los inmigrantes que han interactuado con el sistema legal del país. Este paso genera incertidumbre sobre sus intenciones reales y cómo utilizarán estos datos sensibles.

El acceso al ECAS implica revisar nombres, direcciones, testimonios legales y otros detalles significativos tanto de inmigrantes documentados como indocumentados. Esta medida sigue una serie de esfuerzos anteriores del DOGE para recopilar información sensible, incluyendo peticiones relacionadas con sistemas de salud pública y registros médicos. Las implicaciones éticas y legales de estas acciones son amplias y preocupantes. No queda claro si este acceso busca propósitos migratorios específicos o simplemente ampliar su control sobre la población inmigrante.

Expansión de la Supervisión Gubernamental

La búsqueda de datos por parte del DOGE no se limita únicamente al sistema judicial. También se han registrado intentos de acceder a bases de datos fiscales y de vivienda pública, profundizando aún más en la vida privada de los inmigrantes. Estas acciones plantean serias preguntas sobre la protección de la privacidad y los derechos individuales.

Recientemente, funcionarios acordaron compartir información fiscal con el Departamento de Seguridad Nacional, lo que podría utilizarse para localizar a millones de personas consideradas ilegales. En paralelo, el DOGE trabaja en identificar y desalojar hogares mixtos, asegurándose de que los programas de vivienda pública excluyan a quienes carecen de estatus legal. Estas iniciativas reflejan una estrategia sistemática para aumentar el control gubernamental sobre las comunidades inmigrantes, generando temor y vulnerabilidad entre ellas. La colaboración entre múltiples departamentos resalta una coordinación cada vez mayor en estas políticas restrictivas.