El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido provisionalmente por Elon Musk, ha obtenido autorización para explorar un sistema administrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este sistema, conocido como ECAS, contiene información delicada sobre inmigrantes, incluyendo tanto a los documentados como a los indocumentados. La decisión permite que un grupo limitado de asesores del DOGE acceda a estos datos, aunque no se ha revelado aún cuál es el propósito exacto detrás de esta solicitud. Además, esta acción forma parte de una serie de intentos recientes por parte del DOGE para obtener acceso a otros sistemas gubernamentales sensibles.

El Sistema de Tribunales y Apelaciones de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (ECAS) guarda información personal de individuos que han interactuado con las autoridades migratorias. Entre estos datos figuran nombres, direcciones, testimonios y vínculos con las fuerzas del orden. Según informes, aproximadamente seis asesores del DOGE ahora tienen permiso para consultar este sistema. Aunque no se ha especificado qué tipo de información busca el DOGE ni su objetivo final, este acceso levanta preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de datos personales.

Este caso no es único en la reciente actividad del DOGE. Recientemente, junto con el Departamento de Seguridad Interna, solicitaron acceso a datos sensibles del sistema de salud pública estadounidense, presuntamente para facilitar la localización de personas indocumentadas. Sin embargo, estas acciones han enfrentado resistencia judicial. Un mes atrás, una jueza federal bloqueó temporalmente el acceso del DOGE a información personal de ciudadanos estadounidenses almacenada en los registros de la Administración de la Seguridad Social.

La medida judicial fue adoptada después de que diez miembros del DOGE recibieran autorización para acceder sin restricciones a registros civiles, que incluyen números de Seguridad Social, historiales médicos e información fiscal. Esta decisión refleja crecientes preocupaciones sobre la transparencia y responsabilidad del DOGE en sus operaciones. Los críticos argumentan que el acceso indiscriminado a datos sensibles podría poner en peligro la privacidad de millones de personas.

En medio de estas disputas, surge la pregunta de si el DOGE está actuando dentro de los límites legales y éticos al solicitar acceso a sistemas tan sensibles. Mientras tanto, sigue siendo incierto cómo utilizará esta información y qué impacto tendrá en la población afectada. Las decisiones judiciales futuras serán cruciales para determinar el alcance de las facultades del DOGE y garantizar que cualquier acceso a datos sensibles sea adecuadamente justificado y regulado.