La reciente legislación española establece un nuevo umbral de edad para que los jóvenes puedan inscribirse en plataformas sociales. La edad permitida para crear cuentas en servicios como TikTok, Twitch e Instagram ahora comienza a los 16 años, un aumento significativo desde la anterior barrera de los 14 años. Los menores que no alcancen esta edad requerirán la aprobación de sus padres o tutores legales para poder participar en estas comunidades virtuales.
Este cambio normativo representa un esfuerzo por adaptar el marco legal a las realidades del consumo digital entre los adolescentes, buscando equilibrar su libertad en la red con una protección adecuada contra posibles riesgos.
La nueva ley también toma medidas contra los juegos que contienen 'lootboxes' o cajas de botín, que han sido comparados con los juegos de azar debido a su naturaleza aleatoria. Títulos populares como 'League of Legends' y 'World of Warcraft' se verán afectados por esta prohibición, que busca prevenir las consecuencias económicas y emocionales negativas asociadas con estos mecanismos de recompensa.
Al restringir el acceso a estas plataformas, el gobierno español intenta mitigar los efectos de las adicciones al juego y proteger a los menores de prácticas potencialmente explotadoras.
Los fabricantes de dispositivos electrónicos como tabletas, teléfonos móviles y televisores tendrán que incorporar sistemas de control parental. Estas herramientas, que deberán ser gratuitas y activarse durante la configuración inicial del dispositivo, permitirán a los padres y tutores monitorear y gestionar el contenido al que acceden los menores.
Esta medida proactiva refuerza la capacidad de los padres para supervisar la interacción de sus hijos con la tecnología, asegurando un entorno digital más seguro y apropiado para su desarrollo.
La legislación introduce revisiones pediátricas regulares como un medio para identificar el consumo problemático de tecnología entre los jóvenes. Los profesionales de la salud llevarán a cabo evaluaciones durante las visitas médicas obligatorias, con el objetivo de detectar y prevenir adicciones tecnológicas.
Este enfoque preventivo es un componente clave para abordar los desafíos de salud mental relacionados con el uso excesivo de dispositivos digitales.
La ley otorga a los centros educativos, tanto públicos como privados, la autoridad para regular el uso de dispositivos móviles. Aunque ya existían restricciones en muchas comunidades autónomas, la nueva normativa establece un marco legal uniforme que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas, excepto para fines educativos o médicos específicos.
Con esta disposición, se busca fomentar un ambiente de aprendizaje más enfocado y libre de distracciones tecnológicas.