Decreto Gubernamental Restringe el Acceso a la Información Pública

El Gobierno nacional ha aprobado un decreto que modifica la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, generando preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y entidades periodísticas. Las nuevas medidas buscan limitar el suministro de datos privados de los funcionarios públicos, lo que se considera una regresión en materia de transparencia y acceso a la información.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Pilares de una Democracia Sólida

Restricciones al Acceso a la Información Pública

El decreto 780/2024 reglamenta aspectos de la Ley 27.275, con el objetivo de "asegurar el adecuado ejercicio" del derecho de acceso a la información. Sin embargo, las modificaciones aprobadas restringen el suministro de datos privados de los funcionarios públicos, estableciendo límites sobre la información que se puede solicitar. Esto se justifica en la necesidad de "clarificar el alcance del concepto de información pública", excluyendo aquella que "hace al ámbito privado del funcionario o magistrado".

Cuestionamientos a la Nueva Reglamentación

Organizaciones de la sociedad civil y entidades periodísticas, tanto nacionales como internacionales, han expresado su rechazo al decreto presidencial. Señalan que esta medida implica una "seria regresión" en la interpretación del derecho de acceso a la información, al ampliar el secreto y otorgar discrecionalidad al Gobierno para definir qué información es pública y cuál pertenece a la esfera privada de las autoridades. Consideran que esto genera un marco normativo discrecional, en el que las decisiones políticas del Gobierno primarian sobre el derecho ciudadano de acceder a la información en manos del Estado.

Impacto en la Democracia y la Lucha contra la Corrupción

La información pública no es un patrimonio exclusivo de los gobiernos, sino que pertenece a la ciudadanía. La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales de una democracia sólida, ya que permiten la rendición de cuentas y previenen la corrupción. Al limitar el acceso a los datos y estadísticas gubernamentales, se restringe el debate público y se lesiona la institucionalidad del país.

Llamado a la Defensa del Derecho de Acceso a la Información

Organizaciones como Poder Ciudadano, Fopea y Amnistía Internacional han solicitado que el decreto 780/24 sea dejado sin efecto, al considerar que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Asimismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) ha advertido que este tipo de reglamentaciones discrecionales "darían lugar a conductas cuestionables por parte de los funcionarios" y "conducirían a un empobrecimiento del debate público".