La Transparencia de la Información Pública: Batalla por la Libertad de Expresión y la Democracia
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) consagra el acceso a la información pública como un derecho fundamental. Sin embargo, el reciente decreto del presidente Javier Milei amenaza con erosionar este principio esencial para una sociedad abierta y transparente. Este artículo analiza las implicaciones de esta medida y aboga por el fortalecimiento de la transparencia gubernamental como pilar de la democracia.Combatiendo las Restricciones al Derecho a la Información Pública
La Obligación Constitucional de Garantizar el Acceso a la Información
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, con rango constitucional en Argentina, establece claramente que el acceso a la información pública es un derecho fundamental. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirma este principio, señalando que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho inalienable, sólo limitado por excepciones precisas y necesarias para la seguridad nacional en sociedades democráticas.En este contexto, la reciente Ley Nº 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, representa un avance importante en el fortalecimiento de la transparencia gubernamental. Sin embargo, el decreto 780 del presidente Milei, al reglamentar esta ley, introduce disposiciones que atentan contra el espíritu de la norma y la propia Constitución Nacional.Vulnerando el Principio de Acceso a la Información Pública
El decreto de Milei contraviene varios principios fundamentales al introducir restricciones indebidas al acceso a la información. Por un lado, faculta al Estado a interpretar la "buena fe" de los solicitantes, permitiéndole denegar pedidos que considere abusivos, sin la carga probatoria correspondiente. Esto desnaturaliza el derecho del ciudadano, obligándolo a acudir a la justicia para obtener la información.Además, el decreto establece que no se considerará información pública aquella que contenga "datos de naturaleza privada" de los funcionarios públicos. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en el caso de autoridades públicas, el umbral de protección de la privacidad es más estrecho, en virtud del interés público que revisten sus actividades.Obstaculizando el Acceso a Deliberaciones y Procesos Públicos
Otra disposición cuestionable del decreto es la exclusión de las "deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo" del ámbito de la información pública. Esto impide conocer el proceso de toma de decisiones gubernamentales, lo cual es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.Un ejemplo emblemático de este tipo de irregularidades fue el caso del proyecto de la ley "Bases", cuyo dictamen de comisión fue modificado fuera del Congreso, en un hecho que generó un escándalo legal. El acceso a información sobre el trámite y las irregularidades en la gestación de este tipo de documentos públicos es un derecho ciudadano inalienable.Discriminación y Censura a los Periodistas
El decreto de Milei también busca condicionar y limitar el acceso de los periodistas a la información pública. El vocero presidencial ha anunciado la creación de una "sala de prensa de élite", donde sólo tendrían acceso los periodistas de "grandes medios", mientras se excluiría a los profesionales independientes o de menor alcance.Esta medida constituye una grave vulneración a la libertad de expresión, ya que los periodistas, en su calidad de representantes de la sociedad, tienen el derecho y la responsabilidad de acceder a la información pública para informar a la ciudadanía. Como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sociedad desinformada no puede considerarse verdaderamente libre.En definitiva, el decreto 780 del presidente Milei representa un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública, principios fundamentales para consolidar la democracia y fortalecer el Estado de Derecho. Es imperativo que esta medida sea revisada y derogada, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho ciudadano a la información y la rendición de cuentas de las autoridades públicas.
