El Gobierno Restringe el Acceso a la Información Pública: Un Ataque a la Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción

El Gobierno ha emitido un decreto que restringe significativamente el acceso a la información pública, lo cual pone en riesgo un derecho humano fundamental y la lucha contra la corrupción. Este medio ha consultado con el experto en derecho constitucional, Diego Armesto, para entender las implicaciones de esta decisión gubernamental.

Un Retroceso en la Transparencia del Gobierno

Modificaciones Clave en el Decreto

El decreto introduce cambios preocupantes en la legislación sobre el acceso a la información pública. Según el análisis de Armesto, "lo más grave es que se modifica el objeto de la ley, es decir, el acceso a la información pública como lo conocemos empieza con una redacción de negación". Esto significa que, en lugar de facilitar el acceso a la información, el decreto establecerá una presunción de no divulgación.Otro aspecto problemático es la modificación del artículo 32, que trata sobre la buena fe. Armesto explica que "si el Gobierno cree que la persona está molestando su esfera privada, le pueden iniciar una acción judicial por abuso del derecho". Esto abre la puerta a que el Gobierno pueda obstruir el acceso a la información bajo el pretexto de proteger su privacidad.

Limitar las Libertades Fundamentales

Para el experto constitucionalista, estas medidas representan "una supresión de libertades" y "un ataque directamente a los derechos fundamentales de las personas". Al restringir el acceso a la información pública, se socava el derecho de los ciudadanos a conocer y fiscalizar la gestión gubernamental.Armesto advierte que "cuando no se tiene la facultad de saber y te quitan ese derecho, eso es lo que está haciendo este decreto". Esta limitación del derecho a la información pública es particularmente preocupante en un contexto de lucha contra la corrupción, donde la transparencia y el escrutinio público son cruciales.

Desatendiendo la Jurisprudencia

Según Armesto, el Gobierno está "desatendiendo una cuestión que es la jurisprudencia". En este sentido, el experto señala que "el interés público no lo define un decreto o una ley, el interés público lo define el ciudadano, es toda construcción colectiva de la sociedad, donde la sociedad considera que tiene un interés público y una relevancia pública que es necesaria averiguar".Al ignorar este principio jurisprudencial, el Gobierno estaría usurpando la facultad de los ciudadanos de determinar qué información es de interés público y debe ser accesible. Esto socava la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la supervisión del poder.

Transparencia: Piedra Angular de un Gobierno Republicano

Para Armesto, la transparencia es fundamental para la existencia misma de un gobierno republicano. Él sostiene que "si no hay transparencia, el gobierno republicano, automáticamente, desaparece y esto es lo que el decreto está llevando adelante".La restricción del acceso a la información pública socava la capacidad de los ciudadanos de participar activamente en la fiscalización del poder y la lucha contra la corrupción. Esto pone en riesgo los principios de rendición de cuentas y buen gobierno que deben caracterizar a una democracia saludable.